ANÁLISIS


A SEGUIR ADELANTE, AÚN NO LLEGAMOS A LA META

Alfredo Zacarías

Por Alfredo Zacarías

Vice Presidente de FOPEA y miembro de la Comisión del Monitoreo

Hagamos un breve resumen de lo que más adelante se va a analizar en detalle. 2016 nos dejó, de acuerdo al estudio realizado por el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), 65 ataques directos a la libertad de expresión en la Argentina. 29 menos que el año 2015 y 113 menos que en 2014, cuando los casos treparon a 178.

De los 65 ataques del 2016 investigados y verificados en profundidad, 46 se produjeron en el interior del país, 18 en la ciudad de Buenos Aires y uno provino del exterior; 15 fueron provocados o llevados adelante por personas ligadas a la política, la mayoría funcionarios públicos; 9 fueron cometidos por efectivos pertenecientes a fuerzas de seguridad; 7 por funcionarios de la Justicia y 5 por propietarios de medios de comunicación. Los ataques fueron desde el hostigamiento con amenazas, en algunos casos de muerte, pasando por la censura, la violencia psíquica y llegando a la violencia física.

A simple vista podemos decir que hubo una reducción notable de los casos de ataque a la prensa. Pero debemos preguntarnos si es suficiente o no. Desde FOPEA creemos que no, que aún estamos lejos de los estándares que nos puedan hacer sentir orgullosos y seguros en el ejercicio de la profesión que elegimos.

Por ahora estas son solo cifras alentadoras, nada más. El objetivo aún esta lejos, y eso nos obliga a redoblar esfuerzos desde FOPEA y desde elMonitoreo de Libertad de Expresión que reúne, vale la pena recordarlo, un pequeño ejército de voluntarios a lo largo de todo el país, personas que entregan su tiempo y ponen mucho en riesgo no pocas veces, de manera absolutamente desinteresada, con el único objetivo de crear un mejor escenario para la práctica del periodismo en nuestro país.

FOPEA constituyó al monitoreo, no nos cansaremos de decirlo, en una suerte de columna vertebral de su accionar, pero no de una acción que lleva a la mera distribución de comunicados de repudio que muchas veces son claramente insuficiente ante un caso de ataque a la libertad de expresión o del libre ejercicio del periodismo.

El Monitoreo de Libertad de Expresión funciona en base a un protocolo de actuación reflejo de los más altos estándares de trabajo de organizaciones similares en el mundo. Cada posición, cada acción del monitoreo esta respaldada por una investigación que nos lleva a hablar con todas las partes de cada conflicto mas allá de su posicionamiento ideológico.

Muchas veces ese trabajo minucioso que sólo busca la acción más efectiva en salvaguarda de quienes son atacados, no es cabalmente comprendido. No siempre un pronunciamiento público es útil a la hora de enfrentar un ataque a la libertad de expresión. Hay ocasiones donde gestiones silenciosas dan un mayor marco de seguridad a nuestros colegas que la difusión de un comunicado.

Las urgencias de las demandas, más cuando son asumidas desde la distancia, muchas veces no están regidas por la serenidad del análisis de una acción y sus consecuencias, algo de lo que desde el Monitoreo de FOPEA intentamos no apartarnos nunca.

Es filosofía inquebrantable del Monitoreo además que a la hora de analizar cada caso no existan barreras ideológicas de ningún tipo. El protocolo se aplica a todos por igual y solo hay urgencia cuando la vida o la seguridad física de un colega esta en riesgo. Estos aspectos deben ser comprendidos por quienes quieran interpretar nuestras acciones que no apuntan a otra cosa que a hacer de la Argentina un país mas seguro para la practica de la profesión y la libertad de expresión.

Todos estos factores, entendemos, constituyen las principales fortalezas del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA: su independencia, la minuciosidad de sus investigaciones, la solidez de sus pronunciamientos y la transparencia de nuestros posicionamientos.

Vaya una vez más, como cada año, el agradecimiento a la legión de voluntarios que de norte a sur, y de este a oste de la Argentina asumen el desafío de trabajar para el monitoreo con los riesgos que eso implica muchas veces, mas aún en las ciudades chicas.

A los colegas de todo el país, el aliento a seguir en la practica del periodismo sosteniendo y respetando valores éticos y el mensaje de solidaridad y apoyo que siempre van a encontrar en FOPEA y en su Monitoreo de Libertad de Expresión.

Acá estamos, y acá seguiremos estando.

LA JUSTICIA, GARANTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PODEROSOS

Alicia Miller

Por Alicia Miller

Directora del Programa de Libertad de Expresión de FOPEA

Durante 2016, gran parte de las limitaciones a la libertad de expresión registradas por el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEAconfirmaron la tendencia de los últimos años: las agresiones más frecuentes a la tarea de periodistas sucedieron en localidades del interior del país y estuvieron dirigidas hacia comunicadores de radios, periódicos o portales de internet por parte de personas poderosas del lugar. El dato más llamativo, no obstante, fue la reiteración de episodios en los que el Poder Judicial intervino, de un modo u otro, en la restricción de garantías constitucionales que amparan a la prensa y que jueces y fiscales tienen el deber de custodiar en el marco de un sistema republicano.

Hechos y sentencias sin relación entre sí, en lugares tan distantes como Formosa, Salta o Río Gallegos, tuvieron un denominador común: autoridades políticas o poderosos locales que utilizaron al Poder Judicial -y/o jueces que se prestaron- con la finalidad de generar una restricción, intimidación o un castigo económico a periodistas y a medios. En uno de los sucesos, un proyecto de ley intentó restringir la cobertura periodística de casos judiciales. Y, en un par de ocasiones, fue la Policía la que avanzó restringiendo gravemente la libertad de expresión, y no hubo allí un juez o un fiscal que, de inmediato, pusiera remedio al conflicto.

Cronología de los sucesos que más preocuparon a FOPEA

 -En julio, una jueza ordenó allanar la sede del portal de noticias Opi Santa Cruz para retirar información y registros de una movilización en la Legislatura que había originado daños. El medio entregó voluntariamente la información durante el allanamiento y, al día siguiente, se expresó en contra de la metodología empleada por la Justicia. FOPEA advirtió sobre lo inapropiado del método seguido por la jueza, que constituyó una intimidación. También elaboró un instructivo interno con sugerencias de cómo actuar ante un pedido judicial de información. Adepa coincidió en calificar de “intimidatorio” el suceso y manifestó su preocupación.

-Ese mismo mes, se conoció la medida cautelar de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja que prohibió al portal Rioja Libre, del periodista Julio Claudio Laboranti, referirse en forma “grosera, burlesca, utilizando lenguaje abusivo y agraviante” al vicegobernador Néstor Gabriel Bosetti, a su familia o a su actividad como funcionario de la provincia. FOPEA señaló su preocupación por el caso, calificándolo como “una virtual censura previa, inadmisible en un marco de libertad de expresión”.

-Casi al mismo tiempo, una Cámara judicial de la provincia de Formosa ratificó la condena a varios periodistas de radio obligándolos a pagar una suma millonaria al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, quien los querelló por no haber refutado una afirmación pronunciada por un oyente anónimo que salió al aire en un programa, en enero de 2013. Los afectados son Gabriel Hernández, conductor del programa de radio “Mano a mano”, su esposa y co-conductora Paola Cóspito –que no siquiera estaba en el estudio el día del programa-, la propietaria de la radio y otros periodistas que se hicieron eco luego de la polémica.

El fallo, que fue recurrido ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa y aún está pendiente de resolución, genera un peligroso precedente por no haber tomado en cuenta la jurisprudencia del caso Campillay y otros respecto de la doctrina de la real malicia y de la mayor tolerancia a la crítica que deben tener los funcionarios públicos y por haberles adjudicado a los periodistas el incumplimiento de una obligación inexistente: la de tachar de falsas o refutar al aire opiniones o afirmaciones de terceros. La jueza dijo que para calcular la indemnización tuvo en cuenta “las condiciones personales” de Insfrán, expresando “que gobierna desde ya hace muchos años de manera intachable” la provincia.

FOPEA lamentó el precedente en el caso, que todavía es materia de recursos ante instancias superiores, por constituir un castigo económico que busca imponer la autocensura en los medios de comunicación

-También en La Rioja, el periodista Adrián Molina, movilero de Radio Minuto 24, fue detenido e insultado y estuvo dos horas en la comisaría, esposado, tras sacar fotos de un operativo policial en la vía pública. Luego fue liberado sin que nadie le diera razón de por qué había sido privado de su libertad. “Me subieron y salieron a toda velocidad. En el camino le pregunté dónde me llevan y me dijeron que ‘me calle, que me van a hacer bosta y me van a trasladar a alcaidía’. Me imaginé lo peor”, detalló a FOPEA.

-En agosto, el periodista Esteban Íbalo, de Sanagasta, La Rioja, fue citado por la policía, luego de dar a conocer una denuncia contra el intendente José Aparicio, realizada por dos concejales de la oposición. El intendente lo denunció y la policía, sin más, lo citó a la sede policial a ratificar o rectificar sus dichos en la radio. FOPEA también se pronunció en contra de tal abuso.

-En octubre, el periodista y relator deportivo de Santa Fe Diego Lisandro fue demandado por el ex presidente de la Subcomisión de Fútbol y del Club Atlético Rafaela, Gabriel Carlucci, quien le reclamó una indemnización de 300 mil pesos por haber criticado su labor en la entidad deportiva. FOPEA consideró que “la presión judicial y económica que resulta de la demanda implica un condicionamiento al ejercicio de la libertad de expresión para el profesional afectado y genera un efecto de autocensura en el resto de la actividad”. También manifestó que “la dirigencia deportiva, al igual que la política, sindical, empresarial o social, debe comprender que la crítica forma parte del lógico juego de diversidad de opinión en un sistema democrático”.

-En septiembre, la Legislatura de la Provincia de Mendoza estuvo a punto de sancionar una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal prohibiendo a los fiscales hablar con medios de prensa y centralizando todo el manejo de la información en “oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General”. FOPEA logró evitar la aprobación de lo que hubiera constituido una grave restricción al trabajo de los periodistas y un condicionamiento a la garantía constitucional de publicidad de los actos de gobierno, con perjuicio concreto hacia la ciudadanía.

-Chubut fue sede, en octubre, de otro intento por limitar la labor de periodistas, en el marco de la cobertura del juicio oral y público a la legisladora y exministra provincial Gabriela Dufour. A pedido de la imputada, el juez penal Marcelo Nieto di Biase ordenó que no se tomaran fotografías a la exfuncionaria, impidiendo la labor del reportero gráfico Daniel Feldman, del diario Jornada. El juez argumentó que “ya hay demasiado archivo”. FOPEAexhortó a las autoridades provinciales a respetar el principio de publicidad de las audiencias y a no establecer diferencias a partir de condiciones particulares de los imputados, especialmente cuando se analizan hechos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su función.

-En noviembre, otra vez el gobierno formoseño de Gildo Insfrán concretó una presión judicial indebida, al denunciar penalmente a periodistas por sus comentarios en Facebook en los que se preguntaban sobre las causas de un corte de luz que había impedido salir al aire el programa “Sin Censura”, de Gabriel Hernández. FOPEA exhortó a jueces y fiscales de la Provincia de Formosa a “constituirse en garantes de la libertad de expresión y no en una amenaza para el ejercicio de la labor de informar”.

-En Mar del Plata, en diciembre, Bruno Ciancaglini fue detenido mientras se encontraba tomando una cerveza en Plaza Colón con varios asistentes al Festival Internacional de Cine, sometido a amenazas y apremios ilegales, a la vez que retenido durante varias horas en una dependencia policial luego de ser visto cuando tomaba fotos a los policías que participan del procedimiento, pese a haberse identificado como periodista.

Una buena

Una de las pocas buenas noticias que tuvo el periodismo desde la Justicia durante 2016 fue que, en agosto, la Cámara de Casación Penal ratificó su decisión de preservar el derecho constitucional de protección de la fuente periodística. La Sala II del Tribunal – integrada por los jueces Pedro R. David y Alejandro W. Slokar- rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra su decisión de confirmar la desestimación de una causa contra el periodista Daniel Santoro y el diario Clarín por la presunta comisión del delito previsto en el art. 22 de la ley 25.246. La causa se originó luego de la publicación en el diario Clarín de dos notas en las que se habría consignado información confidencial, que habría sido extraída de un Reporte de Operación Sospechosa en trámite ante la Unidad de Información Financiera.

Contra la transparencia

Desde el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se analizó cada caso en particular pero también en lo que tienen en común, ya que parecieron marcar una tendencia. Procedimientos policiales, judiciales, trámites parlamentarios, demandas, han buscado limitar la circulación de información en la sociedad mediante el intento de generar sanciones, miedo y autocensura en periodistas y en los medios en que se desempeñan.

Aun en su diversidad, todos estos sucesos van en contra de la tendencia actual en las sociedades modernas que apunta a la apertura de la información en poder del Estado.

Aquellas circunstancias que han tenido como protagonistas a jueces nacionales o provinciales contradicen puntualmente el criterio manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de hacer más transparente y fluida la comunicación judicial y de garantizar el acceso de periodistas a las fuentes de información pública y su derecho a mantener en reserva el origen de las informaciones que publican. Y varios de ellos desconocen fallos de la Corte referidos a la doctrina de la real malicia y al mayor grado de tolerancia a la crítica que deben tener los funcionarios respecto de un ciudadano común.

Un caso particularmente interesante, por sus implicancias jurídicas y por el margen de ambigüedad en el derecho positivo de las garantías que afecta, fue el allanamiento a la sede de Opi Santa Cruz dispuesta por la jueza de Río Gallegos Marcela Quintana.

El material solicitado era un registro fílmico realizado en un lugar público y referido a un hecho de daño o agresión a bienes públicos. No eran apuntes reservados referidos a una información originada en el medio. En principio, la colaboración con el Poder Judicial es lógica, por el natural sentido de justicia que debe guiar al periodismo.

Sin embargo, no es responsabilidad del periodismo esclarecer delitos. Para eso existen las fuerzas de seguridad, las cámaras de vigilancia de la propia Legislatura, las declaraciones de los testigos. Los periodistas no hacemos espionaje ni tomamos imágenes con otra finalidad que no sea informar a la ciudadanía.

Como metodología judicial, un allanamiento es un acto sumario, que no admite negativa ni da tiempo al medio a consultar a un abogado, a definir qué material se le pide –si el que ha sido publicado o el que no ha sido seleccionado para su difusión-, qué material está dispuesto a entregar y cuál no, porque hacerlo puede violar algún acuerdo de confidencialidad, entre otras cuestiones.

El material que no fue publicado forma parte de la propiedad del medio, no tiene carácter público. En caso de querer acceder a él, la Justicia debe probar que existe un interés público en obtenerlo, y no actuar de hecho por la vía del allanamiento sino a través de un procedimiento controversial. Si bien la función del medio es publicar, aquello que no fue publicado le pertenece y toda intrusión implica una violación antijurídica que afecta su derecho a preservar sus fuentes de información y el contenido de sus registros.

Sin relación con este caso particular, la jueza del STJ de Río Negro Liliana Piccinini analizó con un sentido crítico la falta de inclusión en la mayoría de los códigos procesales de las provincias argentinas de una reglamentación precisa sobre el uso del derecho constitucional de los periodistas a resguardar el secreto de las fuentes de información.

Al respecto, señaló: “En el proceso penal corresponde a la fiscalía aportar prueba y a los jueces valorarla y en todo caso formular las apreciaciones pertinentes, pero no es política y éticamente aceptable en la perspectiva de una sociedad democrática, donde funciona el Estado de Derecho, utilizar normativa legal para coaccionar a los periodistas y suplir con sus informaciones los vacíos de las investigaciones policíacas y judiciales”.

Mencionó que el periodista “no está incluido entre los profesionales que los códigos de procedimiento señalan con la obligación de abstenerse de declarar sobre hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón de su profesión. Deber de abstención del que pueden ser relevados por la autoridad judicial o el interesado (como el médico, el abogado, el notario, el militar y el funcionario con relación al secreto de estado y sin posibilidad de relevamiento, el ministro de culto admitido). Esta no inclusión ha llevado a algunos a sostener que no pueden ser relevados de una obligación legal que no le es impuesta, en tanto otros sostienen que el no estar incluidos los coloca en la posición de un testigo cuya reticencia puede ser sancionada. Sin embargo las sanciones y el efecto intimidatorio de una orden de revelación, irrazonable importan una violación a la libertad de expresión”.

Citó el caso del periodista Tomas Catan, en el cual  la Cámara Nacional Federal Criminal y Correccional Sala II, “ingresó en la consideración del conflicto planteado entre el interés del Estado en esclarecer un presunto delito de trascendencia institucional y el derecho del corresponsal a no revelar la identidad de sus fuentes. El tribunal anunció que la solución surgiría una vez que se determine el alcance de la protección que la Constitución brinda al secreto de las fuentes de información periodística. Ponderando lo alegado por el “amicus curiae” la Cámara sostuvo que la protección constitucional del secreto de la fuente de información periodística no encuentra su fundamento en el art. 43 de la C.N., cuya operatividad se encuentra ceñida a la acción de habeas data. A la par que declaró: “el mero hecho de tratarse de un caso penal no otorga al Estado un automático salvoconducto para proceder al levantamiento del secreto periodístico, ello sólo será posible dentro de determinados límites y bajo ciertas circunstancias…”; refiriéndose luego a la innecesariedad de afectar el secreto cuando existen otras alternativas probatorias que permiten perseguir el mismo fin.

En el instructivo interno elaborado por FOPEA a raíz del allanamiento en Río Gallegos, se consigna:

-“Es natural que el medio entregue voluntariamente a la Justicia, en caso de que ésta se lo solicite, aquel material de fotografías, videos y audios que publicó. Se sobreentiende que será el material más relevante, ya que en la edición se habrán elegido para publicar las imágenes más reveladoras.

-“No es tan clara la solución respecto del material que el medio no publicó. El tema implica controversia, y por lo tanto debería plantearse a través de un debido proceso judicial, que garantice el derecho a defensa del medio, su asesoramiento legal, etc.

“Para resolver este tema habría que evaluar dos supuestos:

“a) Si el medio no publicó los materiales clave que permitirían esclarecer un delito, podría ser acusado de encubrimiento. El interés público (que se haga justicia) indicaría que el Poder Judicial tendría derecho a reclamar ese material. Pero sólo en caso de que el medio se negara podría disponerse un allanamiento. Nunca el allanamiento podría ser el primer paso para la Justicia.

“En el caso Opi Santa Cruz, exigir a través de un allanamiento todo el material sin procesar, afecta los derechos del medio”.

En su libro “El secreto profesional y el deber de confidencialidad”, el abogado Marcos Edgardo Azerrad se refiere a los límites al secreto profesional del periodista. Citando a Gregorio Badeni, señala que “la protección de las fuentes cede: a) por la voluntad del periodista que revela libremente la fuente; b) cuando se trata de información obtenida por medios ilícitos; c) cuando se trata de información que no fue obtenida mediante un auténtico ejercicio profesional”

Varios intentos por regular a través de una ley nacional la reserva de las fuentes de información periodística no han tenido resultados.

En cuanto a buenas noticias para la libertad de expresión, la principal ha sido sin duda la sanción, por parte del Congreso de la Nación, de la ley de Acceso a la Información, como herramienta importantísima para el ejercicio de una ciudadanía responsable e informada. La norma había sido reclamada durante más de una década por FOPEA y otras organizaciones civiles. Y, si bien aún debe ser reglamentada y recién tendrá plenos efectos cuando todas las provincias se adhieran a ella e implementen mecanismos efectivos de transparencia, su existencia repara una deuda pendiente del marco normativo del país.

MONITORES DE LA LIBERTAD

Valentín B

Por Valentín Bisogni

Corresponsal monitor de FOPEA en Entre Ríos

El Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) es único en su tipo en la Argentina. Gracias al trabajo de FOPEA se garantiza que haya un registro estadístico de los ataques a periodistas en todo el país ya que no hay otro tipo de relevamiento que equipare la tarea de nuestro Monitoreo por su carácter plural y federal, y la magnitud de cobertura de casos.

Los datos que arroja cada año el informe del Monitoreo son utilizados además por diferentes organizaciones internacionales de periodistas, derechos humanos y organismos multilaterales cuando se necesita consultar el estado de situación de la libertad de expresión en Argentina, cumpliendo FOPEA una tarea pendiente aún por parte del Estado y que justifica la importancia y necesidad de esta actividad.

La característica federal de nuestro Monitoreo la brinda en gran medida la red de corresponsales monitores que nos encontramos ubicados a lo largo y ancho del país desarrollando una tarea preventiva, estando alertas e interviniendo frente a los ataques a periodistas.

En el informe anual del Monitoreo, se hace, a partir del cruce y análisis de diferentes variables, un desglose por ubicación si los casos ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir en la capital del país, si fue en una capital provincial, o en una localidad del interior de una provincia. La tendencia es que la mayoría de los ataques a periodistas ocurren en localidades del interior de las provincias, es decir en el denominado interior del interior, o también el interior profundo.

Para muchos periodistas de pequeños medios de comunicación, de localidades alejadas de los grandes centros urbanos, la acción del Monitoreo es clave para que los factores de poder que condicionan y perjudican el ejercicio de la libertad de expresión tengan límites y no se vea atropellada su labor cotidiana de servicio al interés público de sus comunidades.

Funcionamiento del Monitoreo

Nuestro Monitoreo se activa frente a diferentes denuncias que recibe FOPEA desde sus canales de comunicación oficiales, cómo son el formulario a través de su sitio web, su correo o las redes sociales, así como a través de su red de más de 500 socios de todo el país y por supuesto ante el aviso de sus monitores que están atentos a advertir situaciones y recibir denuncias.

Muchos casos son notificados desde el territorio por los monitores hacia la Coordinación y la Comisión del Monitoreo de FOPEA y allí se activa el alerta, en otros casos ocurre a la inversa, generando una estado de atención permanente y mutua.

Ante la activación del Monitoreo, es el corresponsal quien tiene la responsabilidad de investigar y corroborar el hecho denunciado logrando obtener la mayor cantidad de información posible, consultando a las posibles víctimas, a testigos, chequeando fuentes, y haciendo una primera valoración de la situación, que es elevada y puesta a consideración de la Coordinación y la Comisión que hacen un seguimiento de todo el proceso.

Conocer la idiosincrasia del lugar, la geografía de cada provincia, los conflictos de poder y factores de presión, hace que cada corresponsal aporte una contextualización para comprender en mayor medida lo que ocurre ante cada caso, y de esta misma manera se realiza un seguimiento frente a reiteraciones de ataques o agravamientos de los mismos.

Una vez comprobado el hecho, cuya investigación se realiza con rigurosidad pero a su vez con la celeridad que requiera cada situación según el riesgo que corra la víctima del ataque, el corresponsal monitor propone a las autoridades de FOPEA las acciones para el caso. Dentro de las acciones se pueden realizar desde comunicados de prensa, pronunciamientos públicos, el envío de cartas a autoridades o dirigentes, la exigencia de investigación y juzgamiento del hecho, o pedidos de custodia para garantizar la integridad física del periodista agredido o amenazado, entre otras tantas gestiones de diferente tipo ante autoridades de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, de las organizaciones de la sociedad civil o del sector privado.

Actualización del Protocolo de actuación de y el Patrón de Casos

Durante el 2016 desde el Monitoreo de Libertad de Expresión se trabajó en la actualización del protocolo que utilizamos los monitores para la investigación, relevamiento e intervención ante ataques a la libertad de expresión. El nuevo protocolo continúa respetando y está en sintonía con los estándares internacionales en materia de defensa del derecho a la libre expresión frente a ataques a periodistas y medios de prensa, y fue ampliado y detallado de acuerdo al trabajo que vienen realizando otras organizaciones de periodistas a nivel internacional y que junto a FOPEA integran la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX, International Freedom of Expression Exchange)[1].

El 4 de noviembre de 2016, durante el XI Congreso Internacional de Periodismo organizado por FOPEA y realizado en la Universidad de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron presentados el nuevo protocolo del Monitoreo de Libertad de Expresión, así como la nueva tipificación de casos que incluye una actualización y ampliación de tipos de ataques a la libertad de expresión. La tarea de organizar una nueva tipificación de casos permitió incorporar los denominados ciberataques y ciberdelitos que cada vez son más frecuentes y que tienen características propias que los diferencian de las agresiones tradicionales, a aquellas restricciones vinculadas con el derecho al acceso a la información pública y su ejercicio, o por ejemplo la censura y presiones indirectas a través de la pauta oficial de los diferentes gobiernos. La intención es que esta actualización de procedimientos facilite la tarea de todo el Monitoreo.

Mediante el trabajo en territorio cada corresponsal va tejiendo una red de solidaridad entre periodistas de toda su provincia sin importar si son socios de FOPEA o no, ya que nuestro Monitoreo aborda los casos sin diferenciar si la víctima es un socio o no, así como sin importar la línea editorial del medio de prensa en el que se desempeña sea este grande, mediano o pequeño, público, privado o del tercer sector. Esa red invisible pero muy efectiva facilita la tarea del monitor y nos permite anticiparnos, prevenir ataques y estar atentos para que no se reiteren situaciones similares.

Se trata de un voluntariado, de una tarea altruista la que realizamos los corresponsales monitores, pero la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo lo cuidamos entre todos colaborando activamente con el Monitoreo y denunciando los ataques, porque en definitiva si todos nos comprometemos, todos somos monitores de la libertad.

[1] Red IFEX https://www.ifex.org/