ANÁLISIS

Voces del Sur, un paso gigante más para la proyección del monitoreo de FOPEA

Por Alfredo Zacarías

Vicepresidente e Integrante de la Comisión de Monitoreo de FOPEA

A lo largo de los años, el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se ha convertido no sólo en la columna vertebral de nuestra organización, sino también en una referencia importante para el periodismo argentino que ha logrado identificar el programa como un respaldo a la hora de defender su derecho a trabajar en libertad.

Cada año, gracias a la labor incansable de los monitores de libertad de expresión diseminados a lo largo del país ejerciendo un voluntariado admirable y digno de reconocimiento, del staff de FOPEA y de quienes desde la Comisión Directiva conforman la Comisión de Monitoreo, se obtiene un panorama de cómo está la libertad de expresión en la Argentina.

Ese trabajo tiene como pilares la búsqueda de la verdad, la investigación de cada caso y un accionar concreto en procura de remediar las violaciones que pudieran existir a la Libertad de Expresión. Todo esto queda reflejado en cada informe anual que, pretendemos, llegue a la mayor cantidad de argentinos posibles, porque entendemos que defender la libertad de expresión de los periodistas es defender el derecho de cada argentino de estar correctamente informado.

Así llegamos al 2018, a este informe que hoy damos a conocer y que tiene un significado especial, porque con él se cumplen 10 años de un registro continuo y comparado de los ataques a la libertad de expresión en la Argentina, algo que no hubiera sido posible sin el apoyo de cientos de colegas en todo el país.

El 2018 significó para FOPEA ese camino un paso trascendente. La organización se incorporó al regional Proyecto Voces del Sur que tiene como objetivo dar visibilidad a los casos de ataques a la Libertad de Expresión o restricción del trabajo de la prensa en el continente.

Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Honduras y Argentina dieron los primeros pasos de este proyecto que desarrollará un monitoreo continental y al que en 2019 se sumarán más países de América Latina. Este proyecto busca realizar, no solamente el trabajo solidario, sino además exponer la situación de los periodistas de cada país ante organismos internacionales como la ONU en el marco de los desarrollo sostenible 2030.

El proyecto está conformado por organizaciones que ya vienen realizando informes sobre amenazas a la labor periodística, aunque por separado y sin una metodología común, algo que a partir de una reunión celebrada en Quito, Ecuador, en el mes de octubre de 2018 tuvo un vuelco al acordarse indicadores comunes para hacer un seguimiento regional de las amenazas.
Para mediados de 2019 estará listo el primer informe, cuyos primeros datos, subidos en octubre de 2018, se pueden ver en la página web del proyecto (https://www.vocesdelsurunidas.org/). Al cierre del año 2018 se registraron 79 casos de distintos tipos de agresiones a periodistas o trabas a la libertad de expresión en los países hasta ahora integrantes de ese monitoreo regional.

Mediante un rápido repaso se desprende que Ecuador es el país donde más casos de agresiones a la prensa se registraron en los últimos tres meses del 2018: 23. Le sigue Argentina con 14, luego Honduras con 13, Venezuela con 10, Bolivia con 9, Perú con 6 y Uruguay con 4. Cifras que demuestran a las claras que si bien no somos el país con mayor cantidad de agresiones a la prensa, estamos muy lejos de ser un ejemplo en el continente.

De este listado de agresiones, 27 han correspondido a ataques físicos, 11 a procesos judiciales y otros 11 al uso abusivo del poder estatal. En 9 oportunidades se han detectado discursos estigmatizantes hacia periodistas, en 8 oportunidades se dieron casos de trabas para obtener acceso a la información y en 6 se han producido detenciones arbitrarias y otras 6 de restricciones en Internet.

Todo de acuerdo a los nuevos parámetros de monitoreo que han sido establecidos de común acuerdo entre las organizaciones de los siete países que participan del proyecto, a mediados del 2019 será la oportunidad de que Voces del Sur haga conocer su primer informe en el marco de la evaluación por parte de las Naciones Unidas del objetivo 16, que se refiere a la libertad de expresión, de los objetivos del desarrollo sustentable.

Tal vez parezca poco. Pero no lo es. El paso dado es gigante, FOPEA va camino a ser una de las organizaciones referentes en América Latina en materia de defensa de la Libertad de Expresión, nuestro monitoreo es tomado como referencia por su calidad y profundidad, eso nos valió la invitación a formar parte de Voces del Sur, lugar al que llegamos con nuestro bagaje de experiencia, pero también con las ansias de aprender de otras organizaciones de países hermanos, de obtener conocimientos que después podamos volcar en cada día para hacer mejor nuestra labor de defender la libertad de expresión y el libre trabajo de la prensa en la Argentina, pilar fundacional de FOPEA.

ANÁLISIS INFORME 2018

Una década, casi 1.400 agresiones y una triste irrupción: el ataque a las mujeres periodistas

Por Hugo Alonso

Miembro de la Comisión Directiva e Integrante de la Comisión de Monitoreo de FOPEA

La prensa argentina fue atacada 1.394 veces durante la última década.

En promedio, casi 140 hechos por año. Más de diez casos por mes. Un caso cada tres días, según los datos del Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA.

Las conclusiones son preocupantes. No sólo por el peso contundente de las cifras, sino también por los datos que aparecen al realizar una lectura pormenorizada sobre las víctimas, los víctimarios y la cantidad de casos impunes a lo largo y ancho del país.

Unos 30 corresponsales -voluntarios que hacen un aporte fundamental para que se garantice el libre ejercicio del trabajo periodístico- reportan en forma ininterrumpida desde el año 2008 los ataques ocurridos en los 24 distritos.

Y si bien las estadísticas reflejan que en el 2018 las denuncias disminuyeron un 61% con respecto al año anterior, varios indicadores encienden luces de alarma.

El principal: las agresiones a mujeres periodistas aumentaron un 58% en comparación a las registradas en el 2017.

El Monitoreo de la Libertad de Expresión detectó que el año pasado, cada cuatro ataques a la prensa, uno fue padecido por mujeres.

Dentro de ese contexto, también hay que destacar que por primera vez en la historia del Monitoreo se registró un caso vinculado a una agresión por violencia de género a una periodista.

Fue en la provincia de Misiones, donde el intendente de la ciudad de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, mediante un mensaje de audio enviado a sus partidarios, pidió que “por favor que alguno de los hombres que estén solteros” abusen de la periodista Norma Devecchi, corresponsal en Iguazú del diario “El Territorio” de Posadas.

Estas referencias particulares y generales reflejan la magnitud del desafío para el Estado en materia de prevención y erradicación de la violencia.

Pero la urgencia que impone ese abordaje también surge de los datos históricos del Monitoreo de la Libertad de Expresión, donde el Estado en su conjunto se mantiene como principal agresor a la prensa, con el 24% de los casos cometidos por personas dependientes de su órbita.

Ahora bien, los periodistas no sólo tuvieron que enfrentar esos ataques, porque en el 2018 los activistas y militantes políticos tuvieron protagonismo en el 20% de los casos ocurridos en el país.

Dentro de ese universo, un párrafo especial merecen quienes cumplen sus tareas en las calles.

Periodistas, camarógrafos y técnicos de televisión padecieron el 43% de las agresiones registradas el año pasado en el país.

El dato expresa que además del contexto de crisis económica del país y del deterioro de los vínculos laborales para cientos de trabajadores de prensa, los periodistas enfrentan cada vez más riesgos al salir de las redacciones, una combinación de factores que impacta negativamente en la calidad de la profesión.

Finalmente, otra cifra impone la revisión de procesos y responsabilidades: el 20% de las agresiones ocurridas el año pasado no tienen autor identificado. Un dato que golpea las puertas del Poder Judicial, buscando acciones concretas y efectivas contra la impunidad.

Las redes sociales, el escenario cada vez más frecuente de amenazas y agresiones en las provincias

Por Diego Marconetti

Miembro de la Comisión Directiva e Integrante de la Comisión de Monitoreo de FOPEA

Facebook, Twitter y Whatsapp se están convirtiendo en un escenario cada vez más frecuente de amenazas y agresiones a periodistas en las provincias, según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

En lo que va de 2018, el Monitoreo registró 32 ataques a la libertad de expresión en el interior del país. La provincia de Córdoba es el distrito que más casos registró, con siete.

De ese total, en cuatro se utilizaron las redes sociales para amedrentar, amenazar y agredir a los periodistas.

Por ejemplo, la amenaza contra la periodista de La Nueva Mañana, Consuelo Cabral, a quien desde Facebook se escribió un comentario sobre una nota de su autoría con este comentario: “Lo bueno sería que un femicida diera con vos”. Los periodistas Federico Tolchinsky y Adolfo Ruiz también fueron amenazados desde distintas redes sociales. El primero, en el marco de la publicación de notas sobre denuncias contra el gremio de recolectores de residuos Surrbac, mientras que a Ruiz luego de haber escrito sobre un caso en el que estaba involucrado un policía.

Este tipo de ataques no sucedió solamente en Córdoba. En la provincia de Mendoza, los periodistas de LV 19 Radio Malargüe, Walter Samchuk y Richard Jaquez fueron víctimas de amenazas a través de mensajes viralizados en Whatsapp. El corresponsal de Clarín en Río Negro, Claudio Andrade, también fue agredido y amenazado por redes sociales por la cobertura que realizó sobre el caso Santiago Maldonado y el conflicto mapuche. Nora del Rosario Ruiz, corresponsal de El Tribuno de Jujuy en San Pedro, recibió graves amenazas a través de mensajes que fueron enviados a su cuenta de Facebook.

La Justicia formoseña

Durante 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Formosa condenó a dos periodistas de radio a pagar una suma millonaria al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, por “haberse mantenido en una actitud pasiva ante las manifestaciones de un oyente anónimo” lo que habría provocado un “daño a través de la instalación de un tema con evidente intención dolosa” según reza la resolución.

El fallo puede ser calificado como arbitrario, parcial y absolutamente politizado. Para FOPEA no hace más que desnudar una vez más las graves restricciones a la libertad de expresión que rigen de facto en la provincia gobernada desde hace 23 años por Gildo Insfrán.
Como contracara, la Justicia de Córdoba condenó al exjefe de la Policía provincial Julio Suárez por amenazas en contra del periodista Dante Leguizamón.

Violencia de género

En noviembre, el intendente de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, Claudio Filippa, mediante un mensaje de audio enviado a sus partidarios, pidió que “por favor que alguno de los hombres que estén solteros” abusen de la periodista Norma Devecchi, corresponsal en Iguazú del diario El territorio de Posadas.

FOPEA, además de solidarizarse con Norma Devecchi, exigió a las autoridades políticas y judiciales de la provincia de Misiones que tomen las acciones que corresponden para que no quede impune este ataque salvaje que deja en evidencia lo peor de un sector de la clase política argentina.

El ruidoso silencio de los demás

Por Mariela Arias

Miembro de la Comisión Directiva y Monitora por Santa Cruz de FOPEA


El viernes 24 de agosto estaba frío y nublado en la ciudad. La postal era única y a su vez repetida en la Santa Cruz de los últimos años: se trataba de uno más de los cientos de allanamientos realizados en las causas donde se investigaba la corrupción, aunque por primera vez, las fuerzas federales ingresarían al chalet que Cristina Kirchner posee en esta ciudad. Nada fuera de lo común debería ocurrir. Sin embargo, la intolerancia con la prensa mostró una vez más al país la otra postal de Calafate, la que no debería repetirse nunca más.

Un puñado de periodistas nos encontrábamos ese día cubriendo el evento en las afueras de la vivienda ubicada en el cruce de calles Padre Agostini y Los Tehuelches de esta ciudad. No éramos más de diez, entre fotógrafos, camarógrafos y cronistas. Cuando el operativo se inició después de las 3 de la tarde, también se sumó un grupo de simpatizantes de la ex presidenta. No era silenciosa su presencia: insultaban a los policías y a los periodistas que trabajaban en el lugar.

A medida que el clima se iba caldeando, un hombre escupió al cronista Darío Lopreite de la señal Todos Noticias (TN), mientras estaba transmitiendo los acontecimientos en vivo y en directo: “¿Qué quieren? ¿Defender a los ricos? ¡Hacen puro circo!”, reclamaba en medio de los insultos dirigidos a los periodistas.

Ante esa situación la cronista de la señal LA NACION+, Carla Riccioti le preguntó al aire al manifestante sobre la razón de su molestia y enojo a lo que se limitó a responder “ustedes están defendiendo a los ricos”, “ustedes son puro circo, hacen pura historieta”, “sácame la cámara mancho de mierda” . La periodista le respondió que estaba realizando su trabajo a lo que el hombre insistió con fuertes insultos, entre otros: “pedazo de mierda”.

En ese momento, se abalanzó contra el camarógrafo de LA NACION+ Lucas Coria y le tironeó los cables de la mochila de transmisión que llevaba en su espalda para intentar romper el dispositivo que permite la transmisión en vivo que en ese momento se estaba realizando. Luego de empujarlo, pegarle patadas e insultar al camarógrafo comenzó a caminar, desde la tranquera de la vivienda donde nos encontrábamos hacia la calle Padre Agostini.

La cronista vuelve a preguntarle al agresor por qué actuaba de ese modo y también le pide su nombre: “La Oscuridad me dicen, un outsider… sácame el micrófono, sácame el micrófono”, respondió el hombre a los gritos y con un repentino y brusco movimiento le arrebató el micrófono a la cronista y lo arrojó al arroyo que cruza por debajo del puente Antuco. El micrófono desapareció bajo las correntosas aguas del arroyo, y el canal debió interrumpir la transmisión. “Oscuridad” había cumplido su propósito de impedir que la prensa difunda las imágenes del allanamiento a la casa de Cristina Kirchner.

Pablo Chauque, – el joven que protagonizó el hecho- se alejó del lugar caminando a paso lento, y sin mirar hacia atrás, mientras continuaba profiriendo insultos. Los periodistas pedimos insistentemente a los efectivos de la Policía Federal, que realizaban el allanamiento que intervinieran. Fuentes oficiales explicaron que los efectivos federales no podían intervenir en el incidente porque estaban abocados al allanamiento.

¿Lo hubieran hecho si además de sustraer y destruir el micrófono el agresor hubiese golpeado a los periodistas, si la situación pasaba aún a mayores?, le pregunté a uno de los efectivos a cargo del operativo. Me dijeron que sí, pero aclararon que estaban en minoría en relación a la treintena de manifestantes que agitaban y aplaudían el accionar de Chauque.

La Policía Federal llamó a la comisaría local para pedir efectivos que cuidaran la calle, pero la respuesta fue negativa. El allanamiento duró tres días, y la fuerza que depende del gobierno de Alicia Kirchner, nunca se hizo presente. Una orden superior, dejó en claro que la policía provincial no iba a intervenir en el operativo que afectaba a la cuñada de la gobernadora.

La acción llevada adelante por Pablo Chauque fue avalada con aplausos e insultos por el grupo de personas que fueron a repudiar el allanamiento al chalet de la expresidenta, entre quienes había por lo menos tres dirigentes gremiales.

A poco de difundirse las imágenes de la agresión, en una comunidad chica como El Calafate, rápidamente se supo que la mayoría de las personas apostadas frente al portón de ingreso de la residencia de Cristina, pertenecía a La Cámpora, Kolina, el FPV y la intendencia local, quienes se reunieron allí para insultar a la policía federal que realizaba el allanamiento y luego a los diez periodistas y camarógrafos que cubrían el hecho.

No es la primera vez que en El Calafate se producen incidentes con la prensa frente a la residencia local de la ex presidenta. Hay hechos registrados en el año 2016 por este monitoreo que incluyó golpes, insultos, y agresiones verbales.

Luego de la última agresión a la prensa protagonizada por Pablo Chauque, salvo el gremio de prensa de Santa Cruz, no hubo ninguna otra manifestación o mensaje de solidaridad de parte de ninguna autoridad municipal o provincial sobre lo ocurrido ante los ojos de todo el país. No solo la policía provincial “se borró” del pedido de asistencia para garantizar el trabajo de la prensa, sino que la comunidad también brilló por su silencio.

El silencio suele ser cómplice. El silencio avala las actitudes violentas. El silencio es peligroso para la construcción de ciudadanía.

¿Quién es Pablo Ezequiel Chauque?.

Alto, de anteojos de marco grueso, con trabajos temporales y militante full time del intendente Javier Belloni quien ya hizo pública su aspiración de ser el próximo gobernador de Santa Cruz.

En 2016 fue parte de una quema de cubiertas que los empleados de una cooperativa de limpieza protagonizaron frente al Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en El Calafate. Aunque no trabajaba allí, Chauque se sumó a la protesta: “nadie entiende en calidad de qué”, según comentaron funcionarios del área.

Es que Chauque había desempeñado tareas como acompañante terapéutico de pacientes psiquiátricos: le pagaba el ministerio de Salud de la provincia, y prestó asistencia a enfermos psiquiátricos del hospital local. Vaya paradoja.

Aunque después de todo, Chauque no es más que una anécdota. Él continúa caminando por las calles de El Calafate sin que nada ni nadie lo perturbe. Lo que verdaderamente preocupa es el silencio social, el que avala que sea normal que un periodista deba trabajar bajo una lluvia de insultos, transformando un espacio de trabajo en una trinchera de guerra.

El Calafate, un pueblo chico donde uno puede cruzarse en cada esquina con la persona menos pensada y en muchos casos con la menos deseada.
Una ciudad preocupada por la seguridad y porque las páginas policiales no empañen su imagen turística, debería preocuparse también por los actos de intolerancia que atentan contra la libertad de expresión que es uno de los principales valores que rigen la convivencia social, y jerarquizan sus instituciones y la calidad democrática de una provincia que dio al país dos presidentes de la nación.

Libertad de expresión: los años electorales tienen consecuencias

Por Verónica Toller, periodista

CD de FOPEA – Monitora por Entre Ríos

“Prepararse para el impacto”. Claro y preciso, el piloto del avión que aterrizó sobre el río Hudson alertó con solo cuatro palabras a los pasajeros del vuelo sobre lo que vendría.

2019 es ya un año signado por la carrera electoral. Para los periodistas y para la sociedad, esto tiene consecuencias. El hostigamiento judicial ha dejado claro en este inicio de año lo que deberá esperarse para el tiempo que resta. Como lo viene registrando el Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA, el origen más recurrente de las agresiones contra la prensa, en cualquier tiempo -no solo electoral- tiene que ver con intereses conectados al escenario político. En un año donde la carrera electoral redobla la tensión de esos actores, es previsible que el riesgo de ataques se intensifique. El escenario planteado por las acusaciones contra algunos periodistas en el marco del caso D’Alessio señala la pauta de lo esperable.   

Un año electoral significa, además, desafíos particulares para nuestra profesión: introducirnos en la marea alta del análisis, retrato y traducción al público de debates, propuestas, injerencias internacionales, actos, candidatos, alianzas, rupturas, repartos, festival de promesas. Y también, por supuesto, recibir y transmitir unas cuantas verdades, intenciones rectas y esperanzas de cambio. Pero habrá que separar la paja del trigo, reconocer noticias falsas, estudiar, indagar y, de modo más intenso que en años no electorales, estar atentos, muy atentos, generar redes y pegar espalda con espalda.

Con 194 casos, 2013 sigue siendo el año con mayor registro de ataques por parte de este Monitoreo, y 2018, el de menor cantidad de denuncias. ¿2019…?

En Argentina, dijimos, el Monitoreo devela al Estado en su conjunto como el principal perpetrador de agresiones contra la prensa. Funcionarios públicos, legisladores, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales e integrantes de servicios de inteligencia aparecen como hacedores en el 43 a 47% de los ataques. El hostigamiento es la estrategia más elegida. Con dos novedades en 2017 y 2018: aparecieron ciberataques contra medios. Y hubo una rotación en cuanto a cuál es el sector periodístico más afectado por las agresiones: de los periodistas de radio pasó a los periodistas de televisión.

Si miramos a las Américas…

Emmanuel Colombié, director de despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, alertó en junio de 2018 acerca de Latinoamérica: “A medida que las elecciones se acercan, el número de agresiones se incrementa”. Brasil, Estados Unidos, Venezuela son ejemplo de esta agudización. La estrategia de denunciar a periodistas y a medios como supuestos autores de fake news les fue útil allí para corroer la confianza y detonar la credibilidad de quienes, precisamente, pueden y deben investigar a políticos y campañas. La prensa hace eso, es parte de nuestra función como respaldo de seguridad republicana. Esa estrategia, unida al acoso judicial, la censura, las campañas de difamación, agresiones verbales, amenazas, violencia física contra reporteros, ha marcado la dinámica contra la prensa en las campañas electorales de algunos países americanos.

Cómo ataca el poder político

A diferencia de otros países latinoamericanos donde la violencia electoral tiene un pico de casos el mismísimo día de la votación, no se registran históricamente en Argentina jornadas de ese tipo. Sin embargo, las agresiones de origen político son más encubiertas y constantes durante todo el año, con pretensión de iguales resultados: acallar.

Decir que la prensa sufre “agresiones físicas, psíquicas y materiales” puede sonar poco explícito a quien no esté en el nudo de la cuestión, por lo que ejemplificar siempre ilumina.

La siguiente enumeración no es una “lista posible”. Son casos reales que el Monitoreo de FOPEA ha registrado (nos limitamos ahora a los últimos 4 años) contra periodistas que investigaban hechos relacionados con intereses políticos o con figuras políticas.

Estas agresiones fueron ejecutadas por políticos (funcionarios de los más altos niveles de gobierno así como provinciales y municipales; legisladores; dirigentes políticos o gremiales, jefes de prensa) o por terceros funcionales (fuerzas de seguridad cumpliendo órdenes de funcionarios; militantes políticos, manifestantes sindicales, Justicia ordinaria o federal, servicios de Inteligencia).

  • Amenazas directas; expresiones misóginas, campañas de desprestigio contra periodistas y medios en boca de funcionarios del más alto rango nacional.
  • Espionaje. Escuchas, teléfonos intervenidos de periodistas que investigan temas sensibles. Periodistas fotografiados durante coberturas de protestas, o fichados por personal de los servicios de inteligencia.
  • Agresiones físicas y verbales por parte de fuerzas de seguridad durante manifestaciones y cobertura de protestas.
  • Amenazas de muerte (varias), obligando incluso a un periodista a abandonar el país.
  • Amenazas de bomba (en estudio de TV y en un diario). Cartas intimidatorias. Ingreso violento de militantes a una emisora. Incendio en estudios y planta emisora de una radio con destrucción total. Golpizas a periodistas, hostigamiento de autoridades tras distintas coberturas, camarógrafos atacados y golpeados por punteros durante cobertura electoral. Robos (contra el domicilio, el auto, la persona). Amenazas telefónicas.
  • Ataques económicos. Baja de anunciantes por presiones políticas motivadas en la cobertura u opinión del periodista. Discriminación de la publicidad oficial.
  • Ciberataques, que llegaron a dejar fuera de funcionamiento a medios durante varios días.
  • Levantamiento de programas tras denuncias contra el gobierno, censura previa en entrevistas referidas a investigaciones en torno a políticos y gobiernos.
  • Despidos, por molestar a la línea editorial de medios comprometidos con alta pauta publicitaria de gobiernos municipal y provincial.

Y una metodología reiterada

  • Hostigamiento judicial, citatorios y allanamientos en busca de información relacionada con personajes ligados a la política o con legisladores y funcionarios, censura judicial (prohibiendo por ejemplo que un medio se refiera a un gobernador), detención ilegítima de periodistas durante manifestaciones.
  • Campañas de desprestigio a través de redes sociales o de medios tradicionales, acoso en internet donde el periodista es el objetivo; descrédito, desgaste, riesgo de autocensura.
  • Acusaciones contra la prensa por supuestamente generar “noticias falsas” o fomentar hechos de violencia.

El costo de los ataques

 “Ahora, algunos de los cronistas en la calle cubren estos eventos encerrados en los móviles y uno pierde capacidad de describir lo que pasa –ha dicho el periodista Julio Bazán, agredido físicamente durante la cobertura de manifestaciones frente al Congreso de la Nación-. Quieren amedrentar a los periodistas por medio de la violencia. Necesitamos dirigentes responsables que condenen la violencia y que la justicia funcione”.

Conocer lo que sucede debe ayudarnos a tomar decisiones al respecto. La libertad de prensa exige seguridad como presupuesto. Si no, podría suceder lo que definió en 2015 el ex presidente de FOPEA, Fabio Ladetto, en el libro editado por nuestro foro y la Fundación Konrad Adenauer “Periodismo cercan(d)o”: “El aporte del periodismo a la democracia se resquebraja cuando alguien debe pensar dos veces cuál es el costo personal de cumplir con su rol social de cubrir una noticia”.

“Prepararse para el impacto”. Estamos en vuelo.