NUEVOS DESAFÍOS Y UN RENOVADO RECLAMO
Por Alfredo Zacarías
Vice Presidente de FOPEA y miembro de la Comisión del Monitoreo
Después de un año con una caída notable de los casos de ataque a la labor de la prensa, el 2017 ha sido un año con un crecimiento exponencial. Con más del doble de casos que en 2016, el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA registró a lo largo de los pasados doce meses la friolera de 132 casos de agresiones de distintos tipos a la prensa, lo que, a la luz de los hechos, nos hace temer un 2018 complicado en la materia, lo que nos obligará obviamente a redoblar esfuerzos y extremar los recursos para evitar que este tipo de hechos siga sucediendo a los y las periodistas argentinas.
El foco estuvo puesto sin duda en la agresión sufrida por trabajadores de distintos medios en protestas o movilizaciones sociales que finalizaron casi invariablemente en fuertes represiones que los tuvo también como víctimas. De los 132 casos registrados de ataque a la labor de la prensa, 86, más del 60%, fueron de esta naturaleza generado tanto por fuerzas de seguridad como por grupos violentos de manifestantes.
El análisis de las planillas de registro nos permite ver que 80 casos sucedieron dentro de la ciudad de Buenos Aires, escenario de las principales agresiones a la prensa. 5 hechos de igual naturaleza se produjeron durante episodios en la ciudad de Córdoba. La violencia física fue así una constante a lo largo del año para el periodismo argentino.
El voluntariado que periodistas socios de FOPEA desarrollan de manera silenciosa pero constante a lo largo y ancho del país en cada una de las provincias, permitió armar este doloroso registro superado hasta ahora solo por el año 2014, cuando los casos de agresiones treparon a 178 casos.
El desglose de este trabajo anual permite ver que además de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Jujuy fueron las provincias donde mayor cantidad de casos se registraron. Los ataques pueden identificarse desde amenazas hasta presiones judiciales y censura o represalias de directivos de medios a sus periodistas, aunque la violencia física ha sido sin duda alguna el principal método de ataque a la libertad de expresión y trabajo de la prensa argentina en el 2017.
Este nuevo escenario que se nos plantea, podría sufrir un incremento en este 2018 a raíz del recrudecimiento de las protestas violentas y de una manifiesta falta de capacidad de las fuerzas de seguridad para distinguir a los trabajadores de prensa que realizan sus tareas en medio de una movilización social.
Menuda tarea aguarda al Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA ante esta situación. Todo un desafío que no sólo nos obliga a estar más atentos, sino que también nos lleva a extremar el ingenio para buscar caminos, métodos, que hagan más segura la tarea de la prensa argentina.
La defensa de la Libertad de Expresión en la Argentina no es una tarea sólo de FOPEA, debe serlo de cada trabajador de prensa que debe defender su derecho a trabajar e informar libremente, y debe ser también el esfuerzo de los argentinos todos que tienen el derecho a estar informados. Las autoridades deben garantizar los derechos de unos y otros, y en este caso.
A 21 años del crimen de José Luis Cabezas
LA FOTO QUE CAMBIÓ AL PAÍS Y AL PERIODISMO
Por Gabriel Michi
Periodista. Ex compañero de José Luis Cabezas. Socio fundador, ex presidente y actual miembro de la Comisión Directiva de FOPEA. Uno de los coordinadores del Monitoreo de Libertad de Expresión.
Autor del libro «Cabezas: Un periodista. Un crimen. Un país»
«Cabezas: Un periodista. Un crimen. UN país» se titula el libro que escribí el año pasado al cumplirse dos décadas del asesinato de mi compañero José Luis Cabezas. Y ese título pretendía sintetizar las particularidades de un caso que fue, sin dudas, el peor atentado a la Libertad de Expresión desde el retorno de la democracia en la República Argentina. José Luis era un reportero gráfico de la Revista Noticias que lo que hacía con su cámara tenía un valor artístico y periodístico a la vez. Muchas veces, sus fotos hablaban más que mil palabras de las que pudiéramos redactar los periodistas que lo acompañábamos en las notas. O sea, era un gran periodista.
El crimen mafioso que acabó con su vida aquel 25 de enero de 1997 en las afueras de la localidad balnearia de Pinamar -donde juntos cubríamos la temporada para Noticias- fue un mensaje de silenciamiento para nosotros, para todo el periodismo comprometido con la búsqueda de la verdad y con la sociedad en su conjunto. Y en las sombras de ese crimen se escondieron los pliegos ocultos de sectores y estamentos inconfensables del poder y la realidad de aquella Argentina en la década del ’90: empresarios hiperpoderosos e impunes con vínculos con el poder político de entonces, en sus más variadas interpretaciones, capaces de ordenar un crimen contra todo aquel que osara con meter sus narices en sus opacos mundos; magnates que a su vez tenían bajo su mandato a antiguos jerarcas de la represión ilegal en la dictadura militar que, lejos de ser «mano de obra desocupada», se habían reciclado en democracia como jefes de seguridad de grandes empresas y que comandaban verdaderos ejércitos privados «polifuncionales»; éstos, a su vez , estaban vinculados con policías corruptos de la Bonaerense (la trístemente célebre «Maldita Policía») que encima reclutan a delincuentes comunes (que solían ser barrabravas de clubes que se vendían al mejor postor para hacer todo tipo de «trabajos sucios», como incluso tareas non sanctas para punteros políticos) para que comentan crímenes en favor de los uniformados.
Toda esa trama oscura es la que se confabuló detrás del crimen de José Luis Cabezas. Un país oculto, capaz incluso de asesinar a un periodista, para mantener su impunidad. Por eso hablo de un periodista, un crimen, un país.
Pero lo que no imaginaron esos asesinos fue la respuesta que el periodismo y la sociedad argentina en su conjunto iban a tener frente a semejante barbarie. Miles de ciudadanos marchando en reclamo de justicia frente a este aberrante hecho, pidiendo por la memoria de nuestro compañero y exigiendo el fin de la impunidad fueron elementos que diferenciaron a la Argentina de lo que ocurrió en otras sociedades de América Latina y del mundo que habían comenzado a naturalizar los crímenes contra periodistas como un engranaje más de la violencia en las que estaban sumergidos, sin entender la gravedad de ese mensaje simbólico de silenciamiento que los afectaba a todos los ciudadanos.
Y la prensa argentina también dio el ejemplo: cubriendo el tema por meses, llevándolo en sus portadas, dedicando horas y horas de radio y televisión, haciendo un periodismo comprometido en la investigación profunda y rigurosa del Caso Cabezas. Y, los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, todos los trabajadores de prensa, elevando el grito de «¡¡¡Cabezas, presente!!!» en cada rincón del país y demostrando que el «No se olviden de Cabezas» era mucho más que un slogan.
Asi, prensa y sociedad, junto a la familia de José Luis, presionaron positivamente para que la Justicia haga justicia y para que los verdaderos responsables vayan a prisión, tras desnudar la verdad sobre el crimen.
De esta manera la Justicia determinó que el crimen de Cabezas había sido ordenado por el todopoderoso y enigmático empresario Alfredo Yabrán, a quien José Luis le había puesto el rostro a través de su fotografía. Yabrán, el verdadero poder detrás del poder, gozaba de los favores del gobierno de Carlos Menem, pero no sólo de él. Tenía vínculos, además de con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, con las cúpulas eclesiásticas y sindicales y hasta con los servicios de Inteligencia. Por todos eso era el poder detrás del poder. Yabrán se terminó suicidado el 20 de mayo de 1998 (16 meses después del crimen de Cabezas), pegándose un tiro en una de sus estancias en la provincia de Entre Ríos, cuando la policía lo tenía rodeado para capturarlo -después de estar cinco días prófugo- por ser el autor intelectual del asesinato del reportero gráfico.
En el juicio oral que se realizó contra el resto de los implicados se los condenó a penas de reclusión y prisión perpetua. Allí fueron sentenciados Gregorio Ríos, ex militar que era el jefe de la custodia doméstica de Yabrán; el policía Gustavo Prellezo, que fue quien ejecutó a Cabezas y reclutó al resto de la banda; los también policías Sergio Cammarata (hoy fallecido) y Aníbal Luna, que habían brindado logística e información sobre nosotros al clan asesino; y una banda de delincuentes comunes conocidos como «Los Horneros» (Horacio Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge y Miguel Retana -fallecido en la cárcel-) quienes colaboraron en el momento del secuestro y posterior asesinato de José Luis y participaron del incendio con el que quemaron su cuerpo dentro del vehículo que nos había rentado la Revista Noticias. El plan criminal culminó en una cava de un descampado en un camino rural de General Madariaga, a 18 kilómetros de Pinamar.
Fueron a prisión, pero al poco tiempo la Justicia se volvió injusticia nuevamente y por un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, les redujeron las condenas y por la aplicación de la ley del 2X1 (que computaba doble cada año de prisión sin condena firme) y otros beneficios carcelarios, en poco tiempo los asesinos comenzaron a salir en libertad. De las perpetuas (que luego fueron ratificadas por la Suprema Corte Bonaerense y por la Corte Suprema de la Nación), sólo cumplieron tras las rejas entre 8 y 12 años. Hoy están todos libres. Y son una afrenta a la memoria de José Luis, a la lucha de su familia y colegas, y un peligro para toda la sociedad argentina.
Cuando el crimen de José Luis ocurrió (1997) no existía FOPEA y mucho menos su Monitoreo de la Libertad de Expresión. De haber existido quizás nos hubiese demandado mucho trabajo este caso. Pero cuando fundamos esta organización la impronta de defender a los periodistas en peligro ya estaba en marcha. Y se necesitaba un canal como el Monitoreo para organizarla y prevenir futuros ataques. Aquella lucha por el esclarecimiento del crimen de Cabezas fue, sin duda, un antes y un después en la historia argentina. Esa lucha sirvió para que no hubiese otros «Caso Cabezas», que no se multiplicaran los crímenes contra periodistas en la Argentina por el simple hecho de cumplir con su trabajo informativo. Y eso fue lo que ocurrió. Esa fue la foto que cambió al país. Y que cambió al periodismo.
Cabezas hoy es un símbolo. Su nombre vive en calles, monumentos, placas, aulas, plazas, paseos de toda la Argentina e incluso del exterior. Y su recuerdo permanente en cada aniversario es una fiel muestra que nadie se olvidó de lo que pasó aquel trágico 25 de enero de 1997. Y que nadie se olvidó de Cabezas.
Hoy FOPEA es una organización federal, la más importante del país, y su Monitoreo es un instrumento único para enfrentar esos peligros que acechan al periodismo y a los periodistas. Sin duda, a 21 años del crimen más terrible contra el periodismo argentino, el legado que nos dejó José Luis Cabezas nos interpela y obliga a comprometernos en la defensa irrestricta de la Libertad de Expresión. En defensa de la democracia. En defensa de todos nosotros.
CALLES INSEGURAS Y CENSURA EN REDACCIONES, DILEMAS PARA EL PERIODISMO DEL NORTE![]()
Por Julio Rodríguez
Corresponsal monitor de FOPEA en Santiago del Estero
La seguridad de los periodistas sigue siendo una materia pendiente por parte de los gobiernos provinciales y nacionales. Durante el año pasado, se repitieron viejas prácticas que, a pesar de los esfuerzos realizados, no han logrado erradicarse por completo para garantizar el trabajo de la prensa, sin que los periodistas sean hostigados o agredidos.
Los atentados a la tarea periodística se repiten año tras año, aunque en 2017 han mermado en cantidad con respecto a años anteriores, por parte de las fuerzas policiales, de dirigentes sindicales o funcionarios o legisladores o hasta de adherentes a determinados partidos polìticos. No obstante, en el interior del país, sobre todo en las provincias del norte, estas prácticas continúan vigentes.
Asimismo, la sujeción a la pauta publicitaria por parte de los gobiernos, ya sea provinciales o municipales, sigue siendo un factor condicionante para los dueños de medios de provincias o ciudades chicas. La condición que se le impone a estos medios es alinearse si quieren recibir dinero de la publicidad, elemento vital para la supervivencia.
Esto produce un deterioro en la calidad periodística, uno de los pilares esenciales por los que viene bregando FOPEA desde su creación. Pero también es un elemento de autocensura: muchas veces no se puede publicar lo que los periodistas se han encargado de investigar y que involucra a los poderes del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales. La amenaza latente del retiro de la pauta, por parte de los gobiernos, hace a los dueños de medios pensar varias veces antes de publicar determinados temas que involucran a funcionarios o legisladores.
Aunque en menor medida que respecto de años anteriores, los periodistas en muchas ocasiones no han podido realizar coberturas a manifestaciones públicas sin sufrir hostigamientos, ya sean en marchas gremiales o de partidos políticos o reclamos contra los poderes provinciales.
Así, por ejemplo, se han producido hechos de censura que entorpecen gravemente la labor periodística: En Chaco el dueño de un medio no permitió que se publicara un informe económico adverso al poder, mientras que el director de Radio Nacional Córdoba, censuró al aire a una periodista
Se observaron también casos de denuncias a periodistas, como una manera de presionarlos y obligarlos a callar, provocando temor, lo que genera sumisión al poder por miedo a represalias.
Al igual que lo que ocurrió en 2016, durante el 2017 hubo agresiones a periodistas durante las coberturas por parte de militantes políticos, generando un clima de inseguridad en la prensa que no puede llevar adelante su trabajo de forma precisa.
También, sobre todo en provincias chicas y en pueblos o parajes alejados, es muy común la campaña de desprestigio contra periodistas como una manera de desacreditar al que aborda determinados temas y quitarle credibilidad. Estos casos también se repiten en estas comunidades.
Otro factor que en los últimos años ha incidido notablemente en la merma de la calidad periodística y por ende en la sumisión al poder de turno, son los negocios «colaterales» que los gobiernos (provinciales y municipales) ofrecen a empresarios de medios. Estos empresarios de medios, encaran negocios en rubros como la construcción, provisión de medicamentos al Estado, venta y alquiler de maquinarias, provisión de diversos elementos por montos millonarios, entre otros. Estos negocios han ido suplantando a la pauta, que ya no es la principal fuente de ingresos de los empresarios, sino todo lo contrario. Esto no hace más que condicionar a medios y periodistas.
Muchas veces, los periodistas son maltratados por funcionarios de turno y no se animan a denunciar por temor a que los propios dueños de medios les reprochen a los trabajadores de prensa por haber «puesto en aprietos» al funcionario con alguna pregunta o tema incómodo. Prefieren acallar a sus propios periodistas antes de perder alguno de esos negocios millonarios.
SER EL JEFE PROPIO, EVITAR LA AUTOCENSURA Y NO SENTIRTE AJENO EN TU TIERRA: DESAFÍOS PARA EL PERIODISMO PATAGÓNICO
Por Paula Moreno
Corresponsal monitora de FOPEA en Chubut
Tal cual reflejan los números del relevamiento realizado por el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, la zona sur del país no está entre los lugares más complejos en cuanto al número de ataques a la libertad de prensa.
Sin embargo, como ha sido desde siempre principio de nuestra entidad, cada caso tiene fuerza y presencia en sí mismo y merece ser estudiado.
La realidad es que la región patagónica es inmensa y dispar en sus realidades. No tiene, más allá del contraste de mar y cordillera, situaciones iguales. Ni siquiera dentro de las mismas provincias.
La dinámica económica también es variada, y eso hace que los espacios de poder sean diferentes, algunas veces asociado al Estado, otras al sector privado.
La crítica situación económica en general en algunas de estas provincias como Santa Cruz y Chubut en el último tiempo, también repercute en los medios.
El eterno tema de la publicidad oficial con distribución discrecional sigue siendo una amenaza para el ejercicio periodístico. No sólo por el esquema arbitrario, sino porque en muchos casos proliferaron los medios pensados casi exclusivamente para ese cobro. Y en función de eso generaron estructuras que sin ese auxilio resultan difíciles de sostener.
Lo cierto es que el esquema cambió. Históricas estructuras, como la del diario El Patagónico con sede en Comodoro, atraviesan la peor crisis de su historia y los periodistas estudian canalizar su tarea en una cooperativa de trabajo.
Igual situación pasó el Diario El Oeste de Esquel donde el personal ya formó un ente de estas características.
Aparece el periodista en otro rol. Es su propio jefe, y el del resto. La cabeza no está sólo en el contenido periodístico sino también en sostener el nuevo planteo de trabajo.
Este aumento en la cantidad y variedad de funciones trae consigo una mayor exposición de los periodistas al error. La sobrecarga de trabajo, nos lleva a no tomarnos el tiempo necesario para meditar el contenido de nuestras publicaciones, y en muchos casos la amenaza de la acusación personal está presente.
No siempre el límite a la expresión llega con la intimación legal. La autocensura se activa cuando conscientemente asumimos la precariedad en el trabajo diario.
El otro gran tema de las comunidades con características de pueblo, es el reproche social. Y en muchos casos la intolerancia a las expresiones de los periodistas se hacen sentir. En los lugares con mayor contenido demográfico el agravio se da en las marchas, en los lugares pequeños en el supermercado o en la puerta del colegio de nuestros hijos. Nunca un periodista es anónimo en un pueblo.
El caso Maldonado
En la cordillera chubutense el 2017 nos puso a prueba con la cobertura del caso Santiago Maldonado.
La historia del tatuador que llegó a la Patagonia y decidió sumarse a la causa de los integrantes del Pu Lof Cushamen, concluyó en uno de los casos más resonantes de los últimos años en el país.
La sospecha de la participación del Estado en la desaparición del joven, fue gravitante en el impulso que el tema tuvo en la opinión pública nacional y mundial.
En pocos días la ciudad de Esquel se vio colmada de cámaras y periodistas de todos lados, la rutina de la ciudad alterada con cortes permanentes en la calle central donde está ubicado el Juzgado Federal. La ciudad con una presencia mayor de la habitual de fuerzas de seguridad, las calles cortadas por las manifestaciones. Y ahí los periodistas locales, corriendo en la cobertura de este tema, además del paro estatal y el aumento de la luz.
El abordaje del tema no fue sencillo para los trabajadores de medios de la zona. Y vale hacer esta distinción, porque no fue igual la disposición de los mismos funcionarios judiciales y allegados a la causa al momento suministrar información para medios locales que para los grandes medios del resto del país.
Los testimonios reflejados en las páginas impresas en Buenos Aires, los teníamos a la vuelta de la esquina, pero no elegían hablar con nosotros.
Para los locales resultó muy complicado acceder a la causa, inclusive en algunos casos acercarnos físicamente al lugar de los hechos.
El “botín periodístico” del día era entonces acceder al testimonio de alguno de los abogados de parte o funcionarios políticos en el ingreso o egreso de los edificios. Pero realmente desde la justicia la apertura para brindar información fue escasa. El acceso a la información fue realmente difícil. El suministro fue a discreción.
También fue a discreción el reproche. Desde el Juez que elegía con quien hablar según su conveniencia, hasta la asamblea de vecinos que señalaba a los periodistas por el medio al que pertenecían. El reproche hacia el medio, personificado en el periodista fue otra constante que no se debe perder de vista. El periodista no es el medio, sin embargo, resulta muy difícil explicarlo en momentos de tensión, con poca voluntad de escuchar.
El escenario de trabajo está cruzado por un planteo de negocios de los medios obligado a aggiornarse, por la sobrecarga de trabajo de los periodistas y la exposición al error, por la falta de tiempo y recursos para bucear en la verdadera información y sobre todo por la autocensura.
Sin una catarata de denuncias de ataques a libertad de expresión, el cachetazo está todos los días. El marco en el que desarrollamos nuestra tarea en estos lugares es realmente complejo. Tan complejo y tan constante que casi lo normalizamos. Lo peor que nos puede pasar.
LO MASIVO EN LA MIRA
Por Christian Balbo
Cronista GRUPO AMERICA. Red Corresponsales Móviles. MoJo
Según el informe 2017 del Monitoreo de Libertad de Expresión presentado por FOPEA, un total de 132 trabajadores de prensa fueron agredidos en el año. Lo llamativo en esta oportunidad es que el 43% pertenece al medio audiovisual. En el desglose, el 27% corresponde a periodistas de TV, otro 8% son camarógrafos y el 8% restante equipos técnicos del móvil de exteriores. Teniendo en cuenta estos datos, el aumento significativo de los ataques posee, al menos desde mi punto de vista, relación directa con el uso de las nuevas tecnologías, y además ahora somos blanco predilecto de violentos, en algunos casos infiltrados, pertenecientes a distintos sectores políticos.
El periodismo viene atravesando, desde hace ya varios años, un período de juzgamiento social inédito sobre su labor cotidiana que se traduce en un malestar cotidiano en la calle potenciado, sobre todo, en ámbitos de protestas y manifestaciones masivas en la vía pública. Este fenómeno explotó con el florecimiento de las redes sociales. Concretamente los dispositivos móviles se convirtieron una fuente informativa alternativa a los medios tradicionales despertando una curiosa usina urbana de noticias con evidente vida propia que potenció -con o sin fake news- el nivel social de crispación contra la histórica labor periodística. Por otra parte, un amplio sector de la sociedad civil ya no confía en los periodistas. Considera que hay un negocio detrás y que la búsqueda de la verdad no es el fin profesional de quienes trabajamos en la calle recolectando información día a día.
Por otro lado, la escena callejera vuelve a estar dominada por la figura de los infiltrados. Aquellos personajes extraños que desembarcan con el solo fin de ocasionar incidentes para desviar el eje de la noticia hacia un perfil violento intentando modificar la agenda informativa. Esta metodología, muy peligrosa por cierto para quienes ejercemos el periodismo en la calle, se ha incrementado en los últimos años y nos convertimos en blanco fácil de los operadores.
En este contexto, con redes efervescentes y violentos a medida, los más expuestos somos los periodistas de TV. Lo masivo del formato, juega en contra. A diferencia de la gráfica, la radio y los medios digitales, los cronistas audiovisuales portamos un rostro que se reconoce en la vía pública. Es muy sencillo identificarnos. Igual sucede con los camarógrafos por el tamaño de sus equipos y con los técnicos a bordo de móviles de exteriores ploteados con el logo del canal al que pertenece. De este modo, si tienen algo para cuestionar sobre nuestra labor, o si sólo pretenden inyectar una cuota de violencia, nos transformamos en las primeras potenciales víctimas. Vale preocuparse, y tomar medidas preventivas en la materia, pero considero que todavía no es para alarmarse. Las reglas de juego en la calle son claras: primero la integridad física de todo el equipo, luego el cuidado de nuestras pertenencias profesionales y en tercer lugar la cobertura informativa de lleno. En ese orden. Las producciones respetan esta lógica.
Cuando me refiero a que todavía no es para alarmarse, me baso en lo que sucede en el resto del mundo. Según el último informe de Reporteros Sin Frontera, 65 periodistas fueron asesinados en 2017, 326 detenidos, 54 secuestrados y 2 desaparecidos. Siria y México son los países más peligrosos seguidos por Afganistán, Irak y Filipinas. Tiene una explicación lógica: son territorios sumergidos en conflictos bélicos o dominadas por carteles del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. En este contexto, a nivel internacional, los reporteros han recibido más formación en seguridad física lo que ha contribuido a prepararse para cuando tenga que cubrir acontecimientos en lugares hostiles. Eso, por ahora, no sucede en la Argentina.
